Un sabotaje en El Higuerón

Fehca de Publicación: 14 de mayor de 2012 – Actualización: 17 de Septiembre de 2014

Las líneas de ferrocarril de la provincia de Córdoba fueron objeto de frecuentes sabotajes por parte de guerrilleros republicanos desde finales de 1936, alcanzando su máxima intensidad durante los primeros meses de 1937. Estos guerrilleros, antecesores de los que posteriormente formarían el XIV Cuerpo de Ejército, podían infiltrarse fácilmente a través de la cercana sierra. Los atentados que llevaban a cabo dejaban una sensación de impunidad y creaban alarma en la población, ya que a veces tenían lugar muy cerca de la ciudad.

El propagandista soviético Ilya Ehremburg relata en su libro “Corresponsal en España” la voladura de un puente situado a 2 km de Córdoba en dirección a Peñarroja (sic), y añade que los atacantes abatieron a los 35 guardias civiles que custodiaban el puente. Indudablemente se refiere al Puente de Hierro sobre el arroyo Pedroches, en la línea Córdoba-Almorchón. Pero esto es una exageración del soviético; es cierto que se intentó la voladura el 3 de marzo de 1937, pero los guerrilleros fueron descubiertos, se desencadenó un fuerte tiroteo y los atacantes huyeron sin conseguir su objetivo, abandonando los explosivos y sin causar víctimas. De todas formas la movilización en Córdoba fue total, hasta los falangistas destinados en labores de oficina empuñaron las armas y corrieron hacia el lugar de  los hechos.

El más sonado de estos atentados fue el que se llevó a cabo la noche del 4 de febrero de 1937 en las proximidades de la estación de El Higuerón contra un tren que conducía tropas italianas a Córdoba. Sobre las 21.30 horas de ese día se escuchó una fuerte explosión que causó gran alarma en la ciudad. Llegó a pensarse en un ataque aéreo nocturno, por lo que se apagó el alumbrado público.

El aeródromo de la Electromecánica estaba custodiado por un destacamento del Batallón de Voluntarios de Córdoba mandado por el teniente de Infantería José Pacios Royo. En el parte que cursó este oficial explicaba que al escuchar la explosión al sur de la Electromecánica ordenó la salida de dos pelotones mandados por los sargentos Teodoro Medel y Luis Vilavert para reconocer las vías férreas Córdoba–Málaga y Madrid–Cádiz. Por su parte, el teniente Pacios tomó un tercer pelotón al mando del sargento José Pacios Jiménez, reforzado con soldados de Aviación, y marchó por la carretera de Palma del Río hacia el arroyo Cantarranas, viendo incrementada su fuerza con dos parejas de la Guardia Civil del puesto de la Electromecánica que se le unieron en el camino. Cuando iban a la altura del chalet del Tiro de Pichón escucharon otra explosión. Al llegar a la vía el teniente Pacios comprobó que los pelotones de Medel y Vilavert ya estaban en el puente sobre dicho arroyo Cantarranas. Allí se encontraron con un tren “con fuerza de la Legión” (nótese como en todos los documentos se alude a los italianos como legionarios). Los vagones estaban volcados sobre la vía y en el puente. Junto con más guardias civiles del cercano puesto de la Electromecánica comenzaron el rescate de los heridos. La línea telefónica había sido cortada y Pacios envió al sargento Vilavert con su pelotón a reconocer la vía de Málaga. Vilavert comprobó que había explotado otro artefacto en el km 2,900 de la línea Córdoba-Málaga.

El teniente coronel de Caballería José Gutiérrez de la Higuera, destinado en el Depósito de Sementales y Jefe de los Servicios de la Plaza ese día, escuchó la explosión cuando se encontraba en la puerta del hotel Simón, en la avenida del Gran Capitán. Al enterarse de que la detonación había tenido lugar en la vía férrea se dirigió a la Estación Central y subió a un camión que se dirigía al lugar de los hechos. Ya cerca encontró “un oficial legionario” que le sirvió de guía. Allí organizó el rescate y traslado de los heridos, actuando en ello personalmente en unión de los capitanes Artalejo y Gotarredona. Los heridos, unos treinta y dos según el teniente coronel, fueron trasladados en coche al hospital de la Cruz Roja y las fuerzas italianas continuaron viaje a Córdoba en otro tren que se envió desde la Estación Central. Una batida por los alrededores resultó en la detención de dos o tres personas que se encontraban en las proximidades.

El teniente de Ingenieros Pedro Gavilán Alcaide, destinado en la 5ª Unidad (Córdoba) del Regimiento de Ferrocarriles nº 2, tuvo conocimiento del atentado sobre las diez de la noche. Inmediatamente fue a la estación y tomó un vagón de socorro con personal y material apropiado para despejar la vía. Cuando llegó los heridos ya estaban siendo evacuados en coches. Según el parte que elevó Gavilán la explosión tuvo lugar en el km 446 de la línea Madrid-Cádiz, entre Córdoba y El Higuerón, y afectó al tren L.R.C.1 provocando el descarrilamiento de diez vagones y veintiséis heridos, cantidad que difiere de la especificada por el Jefe de Día.

La inspección que el teniente Gavilán llevó a cabo sobre el terreno reveló que la explosión fue debida a un artefacto compuesto de dinamita y trilita, accionado eléctricamente por medio de tres baterías, formadas cada una de ellas en base a dos pilas de 4,5 voltios instaladas en paralelo.

Los heridos, que realmente fueron treinta y cinco, fueron todos ingresados en el hospital de la Cruz Roja. La mayoría presentaban erosiones y contusiones diversas y fueron dados de alta entre el 16 y el 18 de febrero. Seis heridos que presentaban fracturas de mayor gravedad fueron evacuados a Sevilla el 22 de febrero. En Anexo 1 se expresa la relación nominal de los heridos. En contra de lo que se ha venido escribiendo sobre este suceso no se produjeron muertos.

Dada la alarma que se produjo en la población la prensa no pudo silenciar el hecho. Azul, Diario de  Córdoba y El Defensor de Córdoba se limitaron a publicar unas cortas reseñas esforzándose en minimizar los daños y alentando a las autoridades contra el espionaje que, según los rotativos, estaba detrás del atentado. Guión dio la noticia con más detalle, ya que un redactor se acercó en automóvil hasta el lugar de los hechos. La crónica fue mutilada en gran parte por la censura, seguramente porque aludiría a la nacionalidad de los ocupantes del tren. La prometida ampliación de la noticia en su siguiente edición no llegó a publicarse, sin duda por orden de las autoridades.

El teniente coronel de la Guardia Civil Bruno Ibáñez Gálvez, “Don Bruno”, que para entonces estaba en el cénit de su poder como gobernador civil de la provincia y jefe del 18º Tercio de la Guardia Civil, montó en cólera y organizó una represalia dirigida específicamente contra ferroviarios. Debió entender que su prestigio quedaba afectado ante los aliados italianos. Y tenía otro motivo de inquietud aún mayor, ya que el mismo día 4 de febrero el Generalísimo había visitado la zona de la provincia de Córdoba recientemente conquistada, concretamente los pueblos de El Carpio, Pedro Abad, Montoro, Villa del Río y Bujalance. El que esos sabotajes se hubiesen producido coincidiendo con la visita del general Franco resultaba ciertamente embarazoso.

En consecuencia, hizo detener a ferroviarios de las estaciones de Villarrubia, El Higuerón y Cercadilla. No teniendo, a su juicio, suficientes víctimas para la represalia incluyó en la saca a varios ferroviarios que cumplían arresto en la cárcel y que, por ello, era imposible que hubiesen tenido cualquier tipo de participación en los hechos. En Anexo 2 se relacionan los ferroviarios fusilados la noche del 5 al 6 de febrero de 1937. En el archivo de la Prisión Provincial están los expedientes de otros diez ferroviarios detenidos el 5 de febrero que no fueron fusilados.

Con motivo del sabotaje se instruyó la causa nº 290/37, para la que fue nombrado juez el teniente coronel de Artillería Acisclo Antón Pelayo, destinado en el Regimiento de Artillería Pesada nº 1, auxiliado por el alférez provisional de la misma Unidad José Martínez Martínez como secretario. Las investigaciones para descubrir a los autores no dieron resultado, según informó al instructor el Jefe de Orden Público, Manuel Albendea Rivas, con fecha 6 de marzo de 1937. Parecía que la causa terminaría archivada.

Pero un hecho vino a cambiar las cosas. Sobre las 0.30 horas del 28 de febrero de 1937 el falangista Manuel León Foguet hacía servicio de vigilancia en las vías cerca de la estación de Almodóvar del Río. A unos 400 metros de la misma, y en dirección a Posadas, vio brillar algo junto a la vía. Llamó al telefonista Marcos García Obrero, quien comprobó que se trataba de una cajita de lata que contenía seis detonadores de los que se empleaban en los ferrocarriles para avisar a los maquinistas de cortes de líneas y otras incidencias. El telefonista, que había estado ingresado unas horas en la cárcel de Córdoba el día 7 de febrero, no se lo debió pensar dos veces y entregó la lata al jefe de estación, Luis Silgo Morón. Por la mañana los detonadores estaban en poder del comandante de Puesto de la Guardia Civil de Almodóvar, brigada Adolfo Jiménez Recio.

Fernando Cerezal Medina, conocido como “Belmonte”, era un jornalero natural de Constantina (Sevilla). Tenía 41 años, era soltero y vivía en Almodóvar si bien había residido seis años en Villarrubia. La mañana de ese domingo 28 de febrero volvía a su casa acompañado de su vecino José Izquierdo, “El Carnicero”. Venían de cobrar los jornales devengados por su trabajo en las obras de una carretera. Cerezal fue detenido por una pareja de la Guardia Civil y conducido al cuartel. Allí negó cualquier relación con los detonadores hallados la noche antes. Sin embargo, y tal como consta en el atestado, el comandante de Puesto lo creyó sospechoso por haber incurrido en contradicciones en el curso del interrogatorio, tales como haber declarado que la tarde anterior llegó a su casa sobre las siete de la tarde cuando una vecina testificó no haberle visto a pesar de haber estado levantada hasta las diez de la noche. El brigada conceptuaba a Cerezal como un indeseable que había sido expulsado de Villarrubia por la presión de sus convecinos –que llegaron a quemarle el chozo- y que al vivir junto a las vías podría haber tenido ocasión de hacerse con los detonadores. El jornalero quedó detenido y fue conducido a Córdoba junto con la cajita y los detonadores por los guardias segundos Lucas Torres Ortega y Antonio Acosta Manzano, quedando a disposición del Gobernador Militar de la Plaza.

Cerezal ingresó en la cárcel el mismo día 28. En su expediente, que se conserva en el archivo del Centro Penitenciario de Córdoba, consta que salió dos veces para diligencias. Cerezal fue interrogado el 2 de marzo por los Servicios Especiales de la Guardia Civil, a las órdenes del comandante Emiliano López Montijano. Reconoció haber colocado el petardo –ahora se habla de petardo en vez de cajita de lata con seis detonadores- sobre las 20 horas del día 27 de febrero, y que el artefacto lo encontró en la puerta de su casa. También reconoció haber puesto la bomba del 4 de febrero sobre las 18 horas. Manifestó no haber sido ayudado por nadie, si bien la dinamita se la facilitó José Izquierdo “El Carnicero”. Señaló como cómplices a un tal Jurado, mecánico de la Azucarera de Villarrubia, a un individuo conocido como “el cuñado de Herrando”, que era auxiliar de Vías y Obras, y a Francisco Vega Aceituno, de Almodóvar. Interrogados estos individuos negaron absolutamente su participación en los hechos, ante lo cual Cerezal se desdijo y reconoció que estas acusaciones eran falsas. Señaló entonces a Antonio Jiménez Márquez y a José Calvo, dos hombres que huyeron de Villarrubia al principio de la guerra, y que según él le amenazaron de muerte para que pusiese la bomba. Al estar huidos Montijano mandó interrogar al hermano del primero, Pedro Jiménez Márquez, quien –según Cerezal- le había llevado comida a su hermano y a Calvo cuando pasaron unos días escondidos junto al Guadalquivir antes de huir definitivamente a zona republicana. Pedro Jiménez fue rotundo en su negativa y, de nuevo, Cerezal se desdijo, si bien siguió manteniendo haber colocado los artefactos.

A continuación se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en el mismo lugar del atentado, a la que asistió el propio López Montijano que se dice “conocedor del lugar”. El comandante dejó a Cerezal ir unos pasos por delante para que describiera con detalle la entrada, colocación del artefacto y salida, “haciéndolo todo ello con tal perfección que desvanece la más leve duda”. Montijano manifestó tener la convicción de que Cerezal era el autor o coautor del atentado a pesar de las contradicciones en que había incurrido en relación a los cómplices, lo que el comandante atribuía a haber sido amenazado.

El 10 de marzo Montijano puso al detenido a disposición del Consejo de Guerra Permanente, que encargó el caso al Juzgado Militar nº 3. Una vez designado Manuel García de la Plaza como juez y Aurelio Ortega Navas como secretario, el juzgado se constituyó en la Prisión Provincial el 12 de marzo para tomar declaración al detenido. En esta ocasión Cerezal, que seguía reconociendo la autoría, manifestó que tres individuos desconocidos le obligaron bajo amenazas de muerte a colocar la bomba de El Higuerón, y que posteriormente hicieron lo mismo en relación al petardo encontrado en la estación de Almodóvar.

El 13 de marzo el juez decretó el procesamiento de Cerezal. En el auto-resumen describe sucintamente los hechos. Según este auto “la tarde del veinte y siete del mismo mes de Febrero colocó un petardo o explosivo sobre la vía del ferrocarril en las proximidades de la Estación de Almodóvar del Río a Posadas, que no llegó a explotar por haber sido descubierto y recojido (sic) por empleados ferroviarios y fuerza de Falange Española”. Es decir, una cajita con seis detonadores que no contenía explosivo ha pasado a ser un “petardo o explosivo”. El juez calificó los hechos como constitutivos de delito de traición a la Patria, previsto en el apartado cuarto del Bando del General Jefe del Ejército del Sur, y consideró responsable a Cerezal en concepto de autor.

La vista de la cusa en audiencia pública tuvo lugar el 15 de marzo en la Audiencia Provincial, en la avenida del Gran Capitán. El consejo de guerra fue presidido por el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, a la sazón presidente del Consejo de Guerra Permanente; como vocal ponente actuó Marcial Zurera Romero, juez de primera instancia del Distrito de la Izquierda; los vocales fueron los capitanes de Infantería Santos Sanz Berzosa, Rafael Ruiz Montes y Rafael Mariscal Domínguez. El fiscal lo fue el de la Audiencia Provincial, Alfonso Lara Gil, mientras que como defensor actuó el capitán de Caballería Francisco Alcaraz Polo. Al no haber prueba que practicar le fue concedida la palabra al fiscal, que calificó los hechos como delito de traición a la Patria, previsto en el apartado 4º del Bando del Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del Sur en relación con el artículo 222 del Código de Justicia Militar, y solicitó para el acusado la pena de muerte. Por su parte, el defensor coincidió en la calificación de los hechos pero solicitó la pena en el grado inmediatamente inferior a la solicitada por el fiscal. Preguntado el procesado sobre si tenía algo que manifestar dijo sólo que siempre había observado buena conducta.

El consejo se retiró a deliberar. La sentencia, que se emitió el mismo día, declaró como hechos probados que el acusado colocó los artefactos sólo en base a su propia confesión y los consideró como delito de traición a la Patria. Declaró la responsabilidad criminal y civil de Cerezal, aunque consideró a éste insolvente. El fallo fue, como era de esperar, pena de muerte.

Con la misma fecha el Auditor de Guerra de Sevilla aprobó la sentencia, ampliándola en el sentido de que la pena impuesta debía llevar la accesoria de inhabilitación absoluta en caso de indulto y de que debía llevar implícita la declaración de responsabilidad civil no obstante haber constatado el consejo de guerra la insolvencia del procesado.

Fernando Cerezal fue fusilado por un piquete de la Guardia Civil a las 17 horas del 16 de marzo de 1937 en el picadero del cuartel del Marrubial, certificando la defunción el alférez médico Ricardo Sánchez. El cadáver fue enterrado en la fosa común del cementerio de S. Rafael, si bien en el libro de registro de dicho camposanto figura como desconocido. La defunción fue inscrita el 12 de mayo de 1937 en el Juzgado de la Derecha, libro 160, folio 290.

Con fecha 29 de marzo de 1937 la Comisión Provincial de Incautación de Bienes acusó recibo al presidente del Consejo de Guerra Permanente de Córdoba del testimonio del encabezamiento y parte dispositiva de la sentencia recaída en Fernando Cerezal, como paso previo para iniciar el expediente de incautación.

El teniente coronel Acisclo Antón, que instruía la causa 290/37 sobre el sabotaje de El Higuerón, tuvo conocimiento oficioso del proceso contra Cerezal, por lo que se dirigió al presidente del Consejo de Guerra Permanente recabando la información necesaria para dar fin a sus actuaciones por excepción de cosa juzgada. Finalmente, el 15 de junio de 1937 la causa 290/37 se incorporó a la seguida por el Juzgado Militar nº 3 con el número 1 y quedó archivada en la Secretaría General del Consejo de Guerra Permanente.

La lectura atenta de este sumario nos deja la sensación de que Fernando Cerezal fue usado como cabeza de turco para hacer creer que las autoridades podían controlar la situación creada por los atentados. Todo antes que reconocer que “los rojos” podían pasearse y atentar impunemente tan cerca de Córdoba y tan solo horas después de que el mismísimo general Franco recorriese esos lugares. Cerezal parecía el hombre perfecto para cargar con las culpas: forastero, sin familia, inadaptado y sin buena relación con los vecinos.

Recientemente se ha publicado un libro sobre las actuaciones de los guerrilleros republicanos a lo largo de la guerra civil (“El frente invisible. Guerrilleros republicanos 1936-1939. De los Niños de la Noche al XIV Cuerpo”. Francisco Cabrera y Domingo Blasco. Ed. Silente. Guadalajara, 2013). Uno de los autores, Francisco Cabrera, ha tenido la amabilidad de hacernos llegar el parte elevado por la entonces denominada “Brigada Especial Ungría” (posteriormente 5ª Compañía del Batallón de Guerrilleros), que dice así:

05-02-37
A las 21´15 horas de la noche, en el km. 1´500 de la línea férrea Córdoba – Málaga, se ocasionó el descarrilamiento de un tren de mercancías. La explosión fue percibida desde un kilómetro de distancia por los camaradas que ejecutaron el acto. Se ignoran detalles relativos al tiempo que estuvo interrumpida la circulación, así como el número de muertos y heridos.
A las 21´25 horas, en el km. 2´000 de la línea Córdoba – Sevilla se ocasionó el descarrilamiento de un tren militar que conducía fuerzas italianas para trasladarlas al frente de Málaga. Sobre este hecho se han recibido varias informaciones coincidentes todas en la extraordinaria gravedad del mismo, e incluso la prensa de Córdoba hizo alusión a él sin intentar negar su importancia. La explosión, claramente escuchada por nuestros camaradas, dio lugar casi inmediatamente a que se pusiesen en acción todas las sirenas de Córdoba en señal de alarma, apagándose el alumbrado eléctrico. Los evadidos que nos han informado de la consecuencia de la acción afirman que pasan de un centenar los heridos que fueron transportados a los hospitales y que el número de muertos fue superior a treinta y cinco. Uno de nuestros informadores ha presenciado durante casi toda la noche traslados de heridos en camillas desde el lugar del accidente a los hospitales. Las autoridades militares fascistas como represalia por esta acción, que atribuyeron a los obreros ferroviarios comprendidos entre Córdoba y Almodóvar, al día siguiente procedieron al fusilamiento de éstos, no solo ferroviarios sino también a los obreros que trabajaban en las inmediaciones de la vía en labores del campo. Igualmente parece comprobado que como consecuencia de estos hechos se fusiló a numerosos presos, practicándose múltiples detenciones. A partir de estos accidentes, las autoridades fascistas han extremado la vigilancia de todas sus redes ferroviarias, utilizando máquinas exploradoras y estimulando a los obreros ferroviarios con donativos en metálico por descubrir artefactos colocados en la vía, pero a pesar de ello se han efectuado posteriormente diversos sabotajes con buen éxito. El efecto moral que estos actos producen en la población civil obrera es magnífico, comentándose entre ella que los rojos son invisibles. Por lo que respecta a las autoridades fascistas, es evidente que desconocen la existencia de un Servicio encargado de efectuar estos hechos, atribuyéndolos a los propios obreros ferroviarios o a elementos civiles de Córdoba.

El parte exagera las bajas causadas y no alude para nada a la colaboración de elementos civiles de la zona. Por documentación de la misma Brigada Especial, también facilitada por Francisco Cabrera, sabemos que en esos días había un grupo de guerrilleros basado en el cortijo “Retamalejo”, junto a la presa del pantano del Guadalmellato. Desde allí podían infiltrarse fácilmente y llegar al ferrocarril con ayuda de prácticos conocedores del terreno. Entre los integrantes del grupo del “Retamalejo” la documentación cita a Antonio Gan Vargas (muerto en el maquis en Levante en 1947 bajo el alias “Cubano”), Ruperto Cevallos (citado por Pedro Garfias en “Héroes del Sur”), Jacinto Portal, Jaime Seguí, Manuel Pla Sanchis, Juan Rey Gracia y otros.

A consecuencia del atentado aumentó considerablemente la vigilancia de la línea Córdoba-Sevilla. Así cuando una nueva expedición guerrillera intentó un nuevo sabotaje el 16 de febrero fueron descubiertos y tiroteados por una patrulla, por lo que hubieron de desistir de su propósito y volver a “Retamalejo”. La documentación precisa los nombres de los componentes del grupo que actuó ese día: Rodolfo Pérez Pastor, Manuel Pla Sanchis, Rafael Tapia Álvarez y los guías Juan Rey Gracia y José Pérez Fernández.

Los partes oficiales de guerra republicanos no recogen el sabotaje de El Higuerón, pero sí se cita en la prensa. Concretamente, el ABC de Madrid del 10 de febrero publicó una fantástica noticia fechada en Andújar el día anterior según la cual un tren con cerca de novecientos alemanes habría caído por un barranco en las cercanías de Córdoba. La noticia había sido confirmada por un mozo de tren, del que no dice el nombre, evadido de Córdoba asustado por los fusilamientos de ferroviarios realizados en represalia.  Y añade: “La noticia prueba la existencia de elementos leales infiltrados en las filas facciosas, pues en poco tiempo se han producido actos de sabotaje ferroviario”.

La no difusión en el parte oficial, el retraso en dar la noticia, el atribuir el origen a las declaraciones de un evadido y no a los propios ejecutores del acto y esa alusión a “elementos leales infiltrados” parece indicar el deseo del mando republicano de no dar pistas a su desorientado enemigo sobre la formación de unidades guerrilleras que se estaba llevando a cabo.

La noticia debió ser recogida por otros periodistas y agencias. Un despacho de la United Press, desde Valencia, aparece en el Democrat Chronicle de Rochester (NY) el mismo día 10 de febrero y en términos prácticamente idénticos.

El sabotaje de El Higuerón no había sido el primero pero tampoco fue el último. Las vías férreas siguieron siendo atacadas y hubo más fusilamientos como represalia.

 

ANEXO 1. RELACIÓN DE MILITARES ITALIANOS HERIDOS EN EL SABOTAJE FERROVIARIO DE EL HIGUERÓN. (Se ha respetado la grafía que figura en la causa).

Angel Bellocchio.
Girolamo Speranza.
Salvatore Vinciguerra.
Salvatore Didonatis.
Antonio Dambrosio.
Carmelo Didonato.
Ignacio Vasco.
Giuseppe Ria.
Cesar Rizzo.
José Pipoli.
Salvatore Placenti.
Luis Meantio.
Alfeo Musmechí.
Domingo Mauro.
Francesco Borina.
Aurelio Malorjio.
Salvatore Docceno.
Juan Dimino.
Fernando Cillo.
Gregorio Beressia.
Francisco Boffumo.
Jacinto Bucci.
Lucas Anmirabile.
Miguel Apprati.
Cosimo Castriñano.
Armando Fieramosca.
Cataldos Grieco.
Rafael de Lucas.
Alfonso Padalino.
Guillermo Pellegrino.
Francesco Soumbarruto.
Miguel Spadaveclia.
Carmelo Consolo.
Domingo Menzella.
Giuseppe Lamonaco.

Total: 35.

 

ANEXO 2. RELACIÓN DE FERROVIARIOS FUSILADOS EL 5 DE FEBRERO DE 1937 EN REPRESALIA POR EL SABOTAJE DE EL HIGUERÓN.

Antonio Poveda Segalerva, detenido el mismo día 5.

Alfonso López Medina, que se hallaba en la cárcel desde el 9 de enero de 1937 cumpliendo un arresto de tres meses.

Manuel López Medina, al igual que su hermano estaba encarcelado desde el 9 de enero para cumplir arresto de dos meses.

Martín López Hervás, de la estación de Villarrubia, detenido el mismo día 5.

Enrique Alfaya Morales, en la cárcel desde el 2 de enero anterior cumpliendo dos meses de arresto.

Enrique Aguilar Amir, en la cárcel desde el 8 de septiembre de 1936 para cumplir un arresto de seis meses.

Eduardo Aguilera Fuentes, detenido el mismo día 5.

Juan García Castro, ídem.

José García Ruiz, en la cárcel desde el 6 de enero anterior para cumplir arresto de dos meses.

Hilario Bermúdez León, detenido el mismo día 5.

Sebastián Urbano Martínez, ídem.

Manuel del Valle Pedrajas, de la estación de El Higuerón, detenido el mismo día 5.

Lucas Zurita Jiménez, jefe de la estación de Cercadilla, detenido el mismo día 5.

Juan Ruiz Aguilar, detenido en el cuartel del Marrubial desde el 28 de julio de 1936. Pasó a la Prisión Provincial el 4 de octubre de 1936. Cumplía un arresto de seis meses impuesto el 30 de septiembre de 1936.

José María Roldán Saturnino, de la estación de Villarrubia, detenido el mismo día 5.

Rafael Moreno Cabello (o Padillo), ídem.

Juan Antonio Rando Castilla, ídem.

Ramón Rueda Manzano, de la estación de El Higuerón, detenido el mismo día 5.

Juan Rodríguez Barba, detenido el mismo día 5.

Mariano Díaz Sevilla, ídem.

Rafael Muñoz Navarro, ídem.

Luis Sánchez Fernández, ídem.

José Rodríguez Palomo, en la cárcel desde el 6 de enero anterior para cumplir un arresto de dos meses.

Antonio Rodríguez Pastor, ídem.

Manuel Trujillo Carrillo, en la cárcel desde el 28 de diciembre de 1936 para cumplir arresto de seis meses.

Un total de 25 hombres, que coincide con el número de cadáveres de desconocidos enterrados en la fosa común del cementerio de S. Rafael el 6 de febrero de 1937.