Los detenidos en Castro del Río el 20 de julio de 1936
El 20 de julio de 1936 el capitán de Artillería Eugenio Larriva Orti dirigió, por orden del Comandante Militar de Córdoba, una expedición a Castro del Río con el fin de socorrer a los guardias civiles sitiados en el cuartel. Iba al frente de la 1ª y 4ª baterías del Regimiento de Artillería Pesada nº 1 y de un pelotón de falangistas, dotados únicamente de armamento ligero y con no mucha munición. Quizás este exceso de confianza al no haber llevado piezas de artillería llevó al fracaso de la expedición.
El Historial del Regimiento de Artillería Pesada nº 1 relata los hechos en las páginas 21 y 22. Según esta fuente, al llegar a Santa Cruz encontraron un grupo de unos 20 hombres en actitud sospechosa armados únicamente con una escopeta. Los integrantes del grupo fueron detenidos y la columna prosiguió su marcha. Al entrar en Espejo mantuvieron un ligero tiroteo, liberaron a los derechistas detenidos y detuvieron a unos cuantos elementos significados de izquierdas que quedaron en el cuartel de la Guardia Civil.
Mientras que el grueso de la columna continuó hacia Castro del Río el teniente Vicente González Valero permaneció en Espejo con ocho artilleros y cuatro falangistas. El oficial proclamó el bando de guerra, practicó registros y efectuó detenciones.
Cuando la columna llegó a Castro atravesó el puente sobre el río Guadajoz y fue recibida a tiros, que causaron heridas al teniente Juan Ledesma Javier. El alférez Gonzalo Fernández Arjona, que moriría días después por las heridas recibidas en El Carpio, tomó al asalto las casas desde donde era hostilizada la fuerza.
Ante la imposibilidad de levantar el sitio del cuartel de la Guardia Civil el capitán Larriva ordenó la retirada y volvió a Córdoba con 26 prisioneros, según consta en el referido Historial. La misma cantidad de prisioneros cita Moreno Gómez siguiendo a Francisco Merino Cañasveras, quien añade que los prisioneros fueron fusilados en Córdoba.
Las informaciones que había sobre la suerte de estos detenidos eran imprecisas. Tanto es así que Rafael Rojano, nieto de uno de ellos, publicó en el diario Córdoba de 17 de diciembre de 2006 un artículo titulado Paseo por la Memoria en el que opinaba que su abuelo y otros tres castreños fueron detenidos el 26 de septiembre de 1936, con ocasión de la toma de Castro del Río, y fusilados tres días después en Córdoba. La fecha del fusilamiento era lo único claro en este asunto porque así constaba en el Registro Civil de Córdoba.
En el año 2008, previo permiso de la Directora General de Instituciones Penitenciarias, obtuve permiso para examinar el archivo de la Prisión Provincial de Córdoba que radica en el actual Centro Penitenciario. En ese archivo se conserva el expediente de uno de aquellos prisioneros, Pedro Cid Mármol, que lleva unido un oficio según el cual el día 20 de julio de 1936 fueron conducidos a la cárcel por la Guardia Civil las siguientes 15 personas: Pedro Cid Mármol, Rafael Villatoro Rojano, Vicente Muñoz Aceituno, José Expósito Morales, Diego Aranda Bello, Rafael Pinillo Sánchez, Juan Martínez Osuna, José Martínez Cid, Antonio Martínez Cid, Basilio Martínez Cid, Blas Mármol Carretero, Cristóbal Medina Rojano, Pedro Miranda Moreno, Diego Salido Jiménez y Francisco Rojano Salido.
Es decir, faltarían 11 personas de la cifra de 26 dada por el Historial. Es posible que este dato fuese erróneo, que esas 11 personas fuesen conducidas a otro centro de detención distinto a la cárcel o que ingresasen en la Prisión Provincial con otra orden que se pueda haber perdido.
Pedro Cid Mármol salió de la cárcel para ser fusilado el 2 de octubre de 1936, lo que corrobora el Registro Civil de Córdoba. Según la misma fuente el 29 de septiembre de 1936 fueron fusilados Rafael Villatoro Rojano, Diego Aranda Bello, Diego Salido Jiménez y Francisco Rojano Salido. Los cinco fusilamientos están inscritos el 21 de octubre de 1938 en cinco folios sucesivos. No se encuentran en la Prisión los expedientes de Villatoro Rojano, Muñoz Aceituno, Expósito Morales, Aranda Bello, Pinillo Sánchez, Martínez Osuna, Antonio Martínez Cid, Mármol Carretero, Miranda Moreno, Salido Jiménez y Rojano Salido. Pero hay que tener en cuenta que en el archivo de la Prisión provincial no están localizados los expedientes correspondientes a las salidas de septiembre de 1936.
Por otra parte, José y Basilio Martínez Cid fueron puestos en libertad el 23 de septiembre de 1936, y Cristóbal Medina Rojano el siguiente día 28. Aunque fueron liberados en septiembre de 1936 sus expedientes se conservan porque fueron archivados en otra carpeta distinta a la de dicho mes, dado que reingresaron en 1937 por estar encausados en el sumario 1415/36.
Hasta aquí lo que da de sí el archivo de la cárcel. Pero en el tribunal Militar Territorial nº 2 de Sevilla se conserva la ya citada causa 1415/1936 por agresión a fuerza armada, seguida contra Pedro Cid Mármol y catorce más. El procedimiento se abrió el 22 de julio de 1936, actuando como juez el comandante de Artillería Francisco de Arteaga Fernández, destinado en el Regimiento de Artillería Pesada nº 1. Las actuaciones se suspendieron por marchar Arteaga al frente pocos días después. La causa quedó estancada y el 5 de diciembre del mismo año pasó a manos del comandante de Artillería Gonzalo Rodríguez de Austria, pero el nuevo juez también partió para operaciones a finales del mismo mes. El 22 de abril de 1937 se reanudaron las actuaciones una vez de regreso el juez y desaparecidas las circunstancias que motivaron la suspensión de las mismas.
El siguiente día 2 de junio el juez requirió al director de la Prisión provincial para que informara del paradero de los encausados. El día 4 el director de la cárcel, Francisco Leganés Hernández, contestó al requerimiento judicial; según Leganés, Juan Martínez Osuna y sus hijos Antonio, José y Basilio Martínez Cid fueron puestos en libertad el 23 de septiembre de 1936. El 27 del mismo mes fue liberado José Expósito Morales, mientras que el 28 salieron Vicente Muñoz Aceituno, Blas Mármol Carretero, Rafael Pinillo Sánchez, Cristóbal Medina Rojano y Pedro Miranda Moreno, yerno de Martínez Osuna. El día 29 fueron entregados a la Guardia Civil Diego Aranda Bello, Rafael Villatoro Rojano, Diego Salido Jiménez y Francisco Rojano Salido. El mismo destino corrió Pedro Cid Mármol el 2 de octubre. En el oficio se hace constar que tanto las puestas en libertad como las entregas a la Guardia Civil fueron por órdenes del Jefe de Orden Público. Días después Leganés remitió los datos de filiación de todos estos detenidos que obraban en sus respectivos expedientes penitenciarios.
El juez recabó del Delegado de Orden Público –ya no existía la figura de Jefe de Orden Público- noticias acerca de los detenidos entregados a la Guardia Civil. El Delegado, Manuel Albendea Rivas, contestó que aparecieron cadáveres en esta Capital a consecuencia de los sucesos ocurridos, es decir, que fueron fusilados en las mismas fechas en que salieron de la cárcel.
Con respecto a los que habían sido puestos en libertad el juez ordenó al comandante de puesto de la Guardia Civil de Castro del Río que los detuviese y los pusiese a su disposición. El sargento José Hernández Conesa contestó el día 10 de julio de 1937 que sólo había podido practicar las detenciones de Cristóbal Medina Rojano y de los hermanos José y Basilio Martínez Cid. En cuanto a los otros encartados, a Rafael Pinillo Sánchez y a Blas Mármol Carretero les había sido aplicado el Bando de Guerra al regresar al pueblo, Vicente Muñoz Aceituno y José Expósito Morales aprovecharon el contraataque republicano a Castro del Río del 21 de octubre de 1936 para huir a la zona republicana, mientras que ese mismo día Juan Martínez Osuna fue asesinado y quemado por las hordas marxistas. Sobre su hijo Antonio notificaron que estaba alistado como falangista, mientras que su yerno Pedro Miranda Moreno estaba movilizado en un batallón de Cazadores en Marruecos.
El 16 de julio de 1937 prestó declaración el capitán Larriva en términos coincidentes con lo relatado en el Historial, si bien añade que …se efectuaron unas cuantas detenciones de gente que habitaba las primeras casas del mismo (el pueblo) desde donde se habían efectuado disparos contra las fuerzas, sin poder comprobar que estos detenidos hubiesen sido los ejecutantes de estos disparos al no encontrárseles armas en las casas donde habitaban, porque de lo contrario hubiesen sufrido la sanción del Bando de Guerra, como ocurrió con aquellas que fueron aprehendidas con las armas en la mano. Es decir, Larriva reconoció que había fusilado algunas personas sorprendidas disparando contra sus fuerzas (Francisco Moreno Gómez ha identificado a una de estas personas como Francisco Martínez Fernández). Larriva añadió que no recordaba si estos detenidos fueron ingresados en la cárcel de Espejo o vinieron directamente a Córdoba.
El siguiente día 19 de julio comenzaron a declarar los encausados. Cristóbal Medina Rojano manifestó que estaba sentado en la era de su casa, que oyó tiros, que la fuerza entró en su casa, lo detuvieron y lo trajeron a Córdoba. Que estuvo tranquilo en todo momento porque nada había hecho. En parecidos términos declararon José Martínez Cid, chófer, y su hermano Basilio, fabricante de gaseosas. José añadió que estuvo en la cárcel hasta el 23 de septiembre de 1936 y que allí había prestado declaración ante dos señores de paisano que le parece eran policías.
El juez decretó la libertad de los tres detenidos el día 23 de julio de 1937. Los informes solicitados al puesto de la Guardia Civil de Castro del Río refrendaban la buena conducta de los tres detenidos, así como de Antonio Martínez Cid y de Pedro Miranda Moreno, si bien se hacía constar que los tres hermanos habían pertenecido al partido Radical. Por su parte, la Alcaldía certificaba la buena conducta de todos ellos si bien atribuía ideas avanzadas a Antonio y a Basilio Martínez Cid. El Delegado de Orden Público también avaló la conducta de los detenidos. No obstante, quedaron como detenidos gubernativos a disposición de la Autoridad Militar a consecuencia de la Orden de 2 de marzo de 1937, hasta que los Servicios Especiales de la Guardia Civil informaron terminaron su investigación sobre los detenidos. El 9 de agosto de 1937 el general Cascajo firmó la orden de libertad definitiva de los tres detenidos.
El procedimiento se ralentizó cuando Rodríguez de Austria marchó al frente en agosto de 1937. Se hicieron cargo del sumario sucesivamente el comandante de Infantería Rafael Cruz Conde y el teniente de Caballería de complemento Alfonso Cruz-Conde sin que hubiese avances apreciables, de forma que en agosto de 1938 se requería a los registros civiles de Córdoba y Castro del Río las inscripciones de defunción de los fallecidos, las que no se habían practicado hasta la fecha. Cuando se quiso obtener declaración de Antonio Martínez Cid sólo se pudo constatar que había muerto en combate en Villafranca el 24 de septiembre de 1938, que había sido enterrado en dicha localidad pero que con certeza su defunción no había sido inscrita en el Registro Civil. Sí pudo declarar Pedro Miranda Bueno, destinado en esos momentos en el frente del Ebro, contestando a las preguntas en parecido sentido a como lo hicieron sus cuñados y Medina Rojano y añadiendo que tras su puesta en libertad prestó servicio en la Guardia Cívica de Castro del Río hasta su incorporación a filas en junio de 1937.
El procedimiento continuó con las diligencias tendentes a inscribir los fallecimientos en los registros civiles de Córdoba y de Castro del Río. Por fin, el 20 de enero de 1939 el comandante Cruz Conde declaró conclusa la causa al estimar que se habían practicado todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Seguidamente la elevó al Auditor de Guerra del Ejército del Sur en Sevilla, quien con fecha 7 de febrero de 1939 decretó el sobreseimiento definitivo respecto de los encartados muertos y el provisional respecto de los vivos, declarando en rebeldía a Vicente Lucio Muñoz Aceituno y José Expósito Morales acusados ahora de rebelión.
La documentación existente en el Centro Penitenciario de Córdoba y en el Tribunal Militar Territorial nº 2 de Sevilla aclara, en gran parte, las vicisitudes sufridas por estos prisioneros y el trágico destino de muchos de ellos. Pero quedan varias incógnitas por dilucidar:
1. ¿Por qué estuvieron tanto tiempo detenidos en la cárcel de Córdoba? ¿Por qué se fusiló a cinco de ellos en la capital en fechas casi coincidentes con la toma de Castro del Río?
2. ¿Quién –y por qué- se atrevió a aplicar el Bando de Guerra en Castro del Río a dos personas liberadas de la cárcel de Córdoba por el Jefe de Orden Público?
3. ¿Quién –y por qué- mató y quemó a Juan Martínez Osuna en el curso del contraataque republicano a Castro del Río?
