EL ASESINATO DEL GUARDIA CIVIL RAFAEL DE DIOS RÍOS

Patricio Hidalgo Luque.

 

Eran las nueve y media de la noche del 27 de abril de 1933. El guardia civil Rafael de Dios Ríos, de 22 años de edad y escribiente en la plana mayor de la Comandancia de Córdoba, había cenado en casa de su hermana. A continuación, acompañó a la niña Pepita Gaitán, que hacía de niñera con aquella, hasta las proximidades de su casa, en las Costanillas. Era ya una hora avanzada, las 23.30 actuales, pero todavía tenía que ver a su novia en la Casa de las Vacas, en la cuesta de San Cayetano[i].

 

                                                                        

          

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando caminaba por la calle Empedrada dos individuos que caminaban tras él le llamaron la atención y le conminaron a que levantase las manos y les entregase su pistola. El guardia intentó echar mano de su arma reglamentaria, momento en que uno de los individuos le disparó en la cara desde corta distancia. Rafael cayó al suelo y los agresores huyeron a la carrera sin conseguir su objetivo. Hubo un testigo presencial, un guarda de los muelles de la estación de ferrocarril llamado Antonio Luque Álvarez, que regresaba a su domicilio tras terminar el turno. Se cruzó con el guardia y dos hombres que caminaban tras él; continuó su camino, vio a otros dos hombres apostados en la esquina de Empedrada con Moriscos y oyó que uno le decía al otro: “Esos son, ahí va”. Volvió la cabeza en el mismo momento en que sonó el disparo. Los dos agresores huyeron hacia el Muro de la Misericordia, mientras que los apostados cerca de Moriscos lo hicieron hacia las Costanillas. Luque acudió junto al guardia herido, que trataba de levantarse y empuñaba su arma reglamentaria. Debido a la rapidez de los hechos y la poca luz existente en aquella calle el testigo no pudo fijarse en los agresores.

Al ruido del disparo llegaron unos transeúntes que recogieron al herido y lo trasladaron a casa Mariano, la popular taberna de la Piedra Escrita, donde intentaron prestarle los primeros auxilios. Desde allí fue trasladado en taxi a la Casa de Socorro, donde los facultativos le apreciaron una herida de bala con orificio de entrada junto a la nariz y probable sección del nervio óptico. El proyectil había quedado alojado en el lóbulo occipital. Fue trasladado al Hospital Militar de San Fernando; allí los médicos decidieron intentar una intervención quirúrgica a la desesperada para extraerle la bala, pero no dio tiempo. Rafael falleció a las 13 horas del día 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Se hizo cargo de la investigación el comandante de la Guardia Civil  Emilio Baraíbar Velasco, que practicó las primeras diligencias. El guardia herido llegó a recuperar el conocimiento en la Casa de Socorro y declaró que los agresores eran dos hombres jóvenes, de 18 a 20 años, vestidos con monos azules y totalmente desconocidos para él. Tanto la Policía como la Guardia Civil dieron batidas deteniendo a cualquier individuo sospechoso que encontraban. Especial atención se prestó a los ambientes comunistas porque, como confesó a la prensa el coronel de la Guardia Civil Carmelo Rodríguez de la Torre, se temía que el pistolerismo comunista que actuaba en Sevilla intentara irradiar a Córdoba. De hecho se detuvo a varios militantes, entre ellos al que sería destacado combatiente y dirigente pontanés Manuel Palos Cosano.

El Diario de Córdoba del 9 de mayo publicó a cuatro columnas la sensacional noticia de la detención de los asesinos. Sobre las 20 horas del sábado 6 de mayo una pareja de la Guardia Civil del puesto de Villafranca de Córdoba integrada por los guardias segundos Antonio Iglesias Barea y Francisco García Illescas[ii] detuvieron a dos individuos sospechosos cerca del pueblo. Aunque en principio uno de ellos dio un nombre falso se determinó que se llamaban Luis Gómez Moreno, de 15 años y fugado de un reformatorio, y Antonio Melgarejo Gracia, de 22 años y desertor del Ejército. Al ser interrogados en el cuartel de Villafranca Luis Gómez señaló a Melgarejo como el autor del asesinato del guardia De Dios, y se ratificó en esta acusación ante dos vecinos del pueblo que firmaron como testigos. Dada la gravedad del caso el jefe de la Comandancia, teniente coronel Domingo Vida Martínez, dispuso el traslado de los detenidos a Córdoba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los interrogatorios siguientes ambos individuos hicieron unas declaraciones tan rocambolescas que son difíciles de creer; dijeron que fueron abordados el 25 de abril en la estación de Almodóvar del Río por cuatro individuos que, ante su estado de necesidad, les propusieron matar a un guardia civil en Córdoba a cambio de cincuenta pesetas, ropa y comida. Los detenidos aceptaron la propuesta, según Melgarejo por sentirse amenazados por los citados individuos si no accedían. El 27 de abril, ya en Córdoba, estuvieron todos juntos en una taberna de la calle Dormitorio (actual Obispo López Criado), y de allí fueron a la calle Empedrada, lugar elegido para el atentado por uno de los inductores que debía conocer las costumbres de la víctima. Después se trasladaron a un olivar próximo a la carretera del Brillante donde los asesinos recibieron el arma que debían emplear. Permanecieron extramuros de la ciudad hasta las 21 horas, momento en que volvieron al casco urbano y se distribuyeron por parejas en la calle Empedrada y en la del Muro de la Misericordia. Cuando el guardia civil llegó a la altura de Melgarejo y Gómez el primero le gritó: “¡Alto, manos arriba!” y simultáneamente le disparó un tiro en la cara. Uno de los inductores arrebató el arma del crimen de manos de Melgarejo y todos emprendieron la huida en direcciones distintas. Los asesinos se dirigieron a la Alameda del Obispo, según lo convenido. Los dos días siguientes fueron visitados por los cómplices, que les llevaron comida y las cincuenta pesetas acordadas. Como en los días siguientes no volvieron a aparecer, Melgarejo y Gómez se fueron a campo través hasta que fueron detenidos en Villafranca.

La mañana del domingo 7 de mayo tuvo lugar la reconstrucción del crimen, en cuyo acto los detenidos relataron los hechos con toda clase de detalles, según la prensa. Una vez concluido el atestado por la Guardia Civil Melgarejo y Gómez fueron puestos a disposición del juez militar eventual de la Plaza, comandante de Artillería Enrique Vera Salas, que comenzó la instrucción de la causa 97/1933 por estos hechos.

Por otra parte, el 29 de abril el agente del Cuerpo de Investigación y Vigilancia Leoncio Lozano obtuvo una pista que señalaba a tres individuos que habían intentado atracar una sucursal bancaria en la provincia. Dichos individuos fueron localizados y detenidos en una casa de comidas de la Corredera, y resultaron llamarse Antonio Venzalá Soriano, José Tardeguila Palma y Francisco Sánchez Prieto[iii]. A pesar de que no se les ocuparon armas ni otros elementos que probasen su participación en el atraco frustrado, ingresaron en la cárcel al estar Venzalá reclamado por el Juzgado de Bujalance por amenazas al patrón de aquella localidad José Navarro Navarro[iv].

En esta ocasión la prensa (Diario de Córdoba del 10 de mayo) relata una historia un tanto extraña y que parece deberse al propio Lozano. Al agente le pareció que si se lograba inculpar a estos individuos como los inductores del crimen, teniendo en cuenta que su descripción cuadraba con la que proporcionaron Gómez y Melgarejo, el caso quedaría cerrado brillantemente. Por ello fue al cuartel de la Guardia Civil y mostró a los detenidos en Villafranca un álbum de fotografías del Gabinete de Investigación, en el que reconocieron a Venzalá y los otros como tres de los cuatro inductores. El Juzgado Militar se constituyó en la cárcel el lunes 8 de mayo para la práctica de la diligencia de reconocimiento entre los presuntos culpables del asesinato y los presuntos inductores, sin resultado positivo; sólo el joven Gómez alegó tímidamente que creía reconocer a Venzalá. El día siguiente, autorizado por el juez y “disfrazado y fingiéndose abogado” según el citado diario, Lozano se entrevistó con los presuntos asesinos; éstos le confesaron que no identificaron a Venzalá y los otros porque habían sido amenazados para no hacerlo. Lozano disipó sus temores y, finalmente, Melgarejo y Gómez reconocieron a Venzalá como el individuo que les entregó el arma del crimen, y a Tardeguila como el que les llevaba la comida a la Alameda del Obispo, mientras que citaban a un tal “Antonio el del Pañuelo” como el que les entregó el dinero. El mismo día se detuvo a Manuel Garrido Páez, al que la prensa identificó como “Antonio el del Pañuelo”. El agente Lozano fue felicitado por el juez militar y por el gobernador civil, y parecía que el caso se había resuelto a plena satisfacción. La noticia de esta detención tuvo gran repercusión, hasta el punto de que las fotos de los cinco detenidos y de uno de los guardias civiles de Villafranca, hechas por el fotógrafo cordobés Torres[v], aparecieron en el número del 10 de mayo del semanario Mundo Gráfico.

En la citada rueda de identificación Venzalá y los otros estallaron contra los que los habían reconocido, con grandes insultos e intento de agresión incluso contra el juez, que hizo llamar a varios artilleros de la guardia y les ordenó cargar y montar los mosquetones[vi]. Tras estos incidentes, se hizo cargo de la causa como juez militar especial el comandante de Infantería Manuel Sagrado Marchena, con destino en la Caja de Reclutas nº 14, que, paralelamente, abrió la causa nº 128/1933 contra Venzalá, Tardeguila y Sánchez Prieto por desacato al juez anterior.

El Diario de Córdoba del 11 de mayo daba cuenta de la detención del cuarto inductor por la Guardia Civil del puesto de El Carpio. Se trataba de Cristóbal Alonso Egea, que resultó ser el llamado “El del Pañuelo”; aparte de corroborar fielmente todo la sabido hasta ese momento –reconoció a todos los detenidos salvo a Garrido Páez- aportó otro dato importante: el atentado se acordó en el local de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sito en la calle Jesús María junto al cine Góngora. Allí, un tal Pedro Castro Gómez, que ejercía de tesorero, les dio cincuenta pesetas a cada uno y les distribuyó las armas. Inmediatamente las autoridades ordenaron el registro del local anarquista, realizado con gran aparato (intervinieron treinta guardias civiles). Se requisó diversa documentación, se intervinieron dos pistolas, los catorce ocupantes del local quedaron detenidos y el Centro fue clausurado por el juez militar. Pedro Castro Gómez, al saberse buscado, se presentó en el puesto de la Guardia Civil de la torre de la Calahorra y pasó a la cárcel a disposición judicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se decretó auto de procesamiento contra Melgarejo, Venzalá, Tardeguila, Sánchez Prieto, Cristóbal Alonso y Juan Valenzuela Rojas, del que no conocemos su presunto papel en los hechos. En cuanto a la causa 128/1933 por desacato se dictó auto de procesamiento contra Venzalá y Sánchez Prieto, si bien les fue de aplicación la amnistía que se promulgó en abril de 1934 para beneficiar al general Sanjurjo.

A partir de aquí no se pueden seguir los hechos porque, sorprendentemente, la causa 97/1993 se perdió. El 18 de abril de 1940 el ya teniente coronel Manuel Sagrado Marchena testificó en el juzgado para recomponer en lo posible con su declaración lo actuado en aquella causa. Básicamente, Sagrado confirmó todo lo expuesto hasta ahora y dijo que en esa situación se llegó a octubre de 1934. Añadía que uno de los detenidos, Sánchez Prieto, llegó a fugarse de la Prisión Provincial ayudado por correligionarios de la CNT, si bien fue detenido a los dos meses en Vigo cuando se disponía a embarcar hacia América. También declaró que hubo intentos de robar o destruir el sumario, que estaba depositado en el cuartel de Artillería; allí fue sorprendido un artillero llamado Luzón, afiliado a la FAI (Federación Anarquista Ibérica), cuando intentaba sustraer el sumario.

Aunque parecía que todo estaba resuelto Sagrado albergaba serias dudas porque, según él, los acusados estaban “confesos pero no convictos”. Sus dudas se apoyaban en dos cuestiones; por una parte Sagrado creía imposible que unos comunistas se aliasen con unos anarquistas para preparar y cometer el crimen, dada la absoluta incompatibilidad entre ambas organizaciones políticas[vii]. Y, por otra parte, la trayectoria de la bala determinada en la autopsia era contraria a la que debería ser según las declaraciones de los acusados respecto a la posición de éstos y de la víctima en el momento del disparo. Por ello, Sagrado ordenó nuevas investigaciones sobre las amistades del muerto, la familia de su novia, etc. Incluso se consideró la posibilidad de que el objetivo fuese otro y los asesinos se hubiesen equivocado de víctima. El teniente coronel confesó que intentó retrasar en lo posible la vista oral del consejo de guerra, para lo cual, y con el pretexto de descongestionar la cárcel de Córdoba, atestada a raíz de las detenciones por el movimiento revolucionario de octubre de 1934, envió a los acusados al penal del Puerto de Santa María.

Por fin, ya en el verano de 1935 y más de dos años después de los hechos, obtuvo la pista definitiva. La primera noticia la dio La Voz de Córdoba en su edición del 22 de julio, noticia ampliada el día 23 aunque sin dar excesivos detalles. El gobernador civil, José Gardoqui Urdanivia, relató a los periodistas el servicio llevado a cabo por la Policía, liderada por el comisario jefe, Antonio Jiménez Abad, y que la causa instruida por el Juzgado Militar volvía a la fase de sumario con secreto de las actuaciones. Sí se confirmó que, tras más de dos años encarcelados, los primeros procesados eran puestos en libertad provisional pendientes del sobreseimiento, y que la CNT nada había tenido que ver en el asunto.

Una confidencia había llevado a la detención de Rafael Muro López, un comunista conocido como “Carilla Sucia”. Muro confesó su participación en los hechos e incriminó en los mismos a Vicente Blanco García (a) “El jorobeta”, de Belmez, Luis Castillo Ariza y José Rodríguez Pérez (a) “Asaura” y “Manolo el de la Porcelana”, señalando a éste último como miembro de las juventudes comunistas y autor material del disparo mortal. Blanco fue detenido en Belmez y declaró que después de cometido el crimen se había escondido en casa de un sastre de Sevilla, Fermín Lazpiur Lagomasini, que también fue apresado. En Córdoba fueron detenidas como encubridoras Plácida Adrián Alguacil y Consuelo Fernández Sánchez (a) “La Pasionaria de Córdoba”[viii]. Castillo Ariza y Rodríguez Pérez habían escapado y se les declaró en rebeldía.

Según el testimonio de Sagrado los hechos sucedieron así. Rodríguez, Muro y Blanco se citaron en la plaza de San Lorenzo a las 21 horas del 27 de abril de 1933. Desde allí se encaminaron a la casa de Plácida Adrián Alguacil, situada en el número 8 de la cercana calle de Alvar Rodríguez, aunque no se explica qué hicieron o de qué trataron allí. Rodríguez se encaminó a la cercana calle de los Frailes en busca de Castillo Ariza, que no se encontraba en su domicilio. Al volver a casa de Plácida entregó dos revólveres a sus compañeros; después se dirigieron hacia el Pozanco, donde se toparon con Castillo. Los cuatro compinches estuvieron paseando por la calle Dormitorio, haciendo hora, hasta que vieron venir a Rafael de Dios con la niña Pepita Gaitán. Cuando el guardia dejó a la niña lo siguieron hasta la calle Empedrada, primero Rodríguez y Blanco, y a cierta distancia Muro y Castillo que se quedaron en la esquina con la calle Moriscos. En ese momento llegaba a dicha esquina el guarda de la estación Antonio Luque Álvarez que oyó decir a uno de los apostados: “Esos son, ahí va”. Llevado por la curiosidad el testigo volvió la cabeza en el mismo momento en que Rodríguez disparó al guardia. Rodríguez y Blanco huyeron a toda prisa sin tratar de desarmar al guardia herido hacia la calle Ancha (Juan de Torres) y la avenida del Obispo Pérez Muñoz (Ollerías). Los dos cómplices corrieron hacia la Piedra Escrita, siempre según el testigo. Luque se apresuró a socorrer al herido, que luchaba por incorporarse asiendo ya su arma reglamentaria.

Cuando ya iban por las Ollerías, Rodríguez y Blanco se cruzaron con Antonio Cazalla Melero, capataz del primero en la fábrica de la Porcelana. Cazalla se extrañó de ver por allí a Rodríguez, que estaba de baja por un accidente laboral, y cuando momentos después se enteró del asesinato comenzó a atar cabos, pues días atrás había sorprendido a su subordinado exhibiendo un revólver y fanfarroneando sobre lo que era capaz de hacer. Quiso comunicar sus sospechas a un oficial de la Guardia Civil conocido suyo, pero al enterarse de las primeras detenciones y de que el caso parecía resuelto se olvidó del asunto.

Rodríguez y Blanco se fueron al teatro Duque de Rivas a ver la película “Al este de Borneo”. Después marcharon a Sevilla y se escondieron en casa del sastre Lazpiur. Blanco se marchó a Asturias en un barco de carga, suponiéndose que después volvió a Belmez donde fue detenido. Por su parte, ni Rodríguez ni Castillo fueron habidos, por lo que se les declaró en rebeldía, como ya se dijo. La amnistía decretada por el Gobierno del Frente Popular en febrero de 1936 alcanzó a los detenidos, que fueron puestos en libertad, no así a los huidos. El sumario se unió a otros que quedaron cerrados por el mismo motivo y, como ya dijimos, se perdió.

Pero la máquina de la justicia del nuevo régimen, que no se sentía concernida por la amnistía de febrero de 1936, no se detenía. Rodríguez Pérez fue detenido en Córdoba el 10 de junio de 1939. En el primer interrogatorio a que fue sometido negó su participación en el asesinato alegando que ese día se encontraba en Andújar (Jaén) asistiendo a un acto del partido comunista como delegado de la célula de la fábrica de la Porcelana (coartada fácilmente desmontada por el testimonio de su capataz). Reconoció su participación en el movimiento revolucionario de octubre de 1934, y declaró que Bautista Garcés le encomendó algunas acciones encaminadas a distraer a la guardia del Gobierno Civil, que pensaban asaltar. Que después el partido decidió mandarlo a la URSS para ampliar su formación, pero que no pasó de Francia. A la vuelta se quedó en Madrid, pero al aproximarse la fecha de su incorporación a filas regresó a Córdoba, pasando, al parecer, desapercibido para la Policía y para el comandante Sagrado Marchena, segundo jefe de la Caja de Reclutas por donde debió pasar forzosamente (recordemos que al estar declarado en rebeldía no le había sido aplicada la amnistía y debió ser detenido). El 12 de julio de 1936 se incorporó a la Agrupación de Artillería de Ceuta. Un año después pasó como voluntario a la Mehala Jalifiana de Gomara nº 4, con la que combatió en el frente del Norte con las mejores referencias por parte de sus jefes. Recibió una delicada herida en un codo que le dejó secuelas, hasta el punto de que empezó a tramitársele la concesión de la Medalla de Sufrimientos por la Patria y su ingreso en el Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria. Volvió a Córdoba con permiso ilimitado y fue detenido.

Rafael Muro fue detenido en Córdoba en enero de 1940, según publicó el diario Azul en su edición del día 5. En la indagatoria negó su participación en el incendio de los altares de la iglesia de S. Agustín, de lo que se le acusaba, y para justificar su estancia en zona republicana alegó que fue secuestrado en el cortijo Doña Sol, donde estaba trabajando, por milicianos a caballo procedentes de Castro del Río. Por supuesto negó su implicación en el asesinato.

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Blanco, que fue trasladado a la prisión provincial de Córdoba desde la cárcel de Hinojosa del Duque, reconoció su militancia comunista. Admitió su participación en el crimen y que, según él, lo hizo como prueba para ser admitido en el partido. Su responsabilidad parece fuera de toda duda, pues en un texto del cronista oficial de Peñarroya-Pueblonuevo se cita el testimonio de un tal Diego Maximiano, que dice que en la expedición de las milicias de Pueblonuevo sobre Hinojosa del Duque el diputado socialista Eduardo Blanco le preguntó que “donde estaba ese tocayo suyo mataguardiaciviles”, refiriéndose a otro individuo llamado Blanco y de Belmez que había matado a un guardia civil de un tiro en la cabeza cuando hablaba con su novia para quitarle el arma[ix]. Al parecer Blanco se había venido jactando del crimen.

A los tres detenidos se les abrió el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 25540/1939 inicialmente por el delito de rebelión. La vista de la causa se vio en consejo de guerra el 11 de diciembre de 1945, más de doce años después de los hechos. Para entonces Vicente Blanco había sido condenado en otra causa y fusilado el 3 de mayo de 1941. El fiscal, que había modificado la acusación a la de insulto a fuerza armada, pidió la pena de muerte mientras que el abogado defensor solicitó la absolución de sus patrocinados[x]. La sentencia declaró la culpabilidad de Rodríguez y Muro, pero en atención a la minoría de edad de ambos en el momento de los hechos la condena fue de treinta años de reclusión mayor.

Por la lectura del procedimiento 25540/1939 sabemos que en diciembre de 1954 Muro cumplía condena en el penal de Ocaña, donde le fue notificada la conmutación de su pena por la de 20 años. En cuanto a Rodríguez Pérez la única noticia que aparece es que en junio de 1946 se encontraba internado en el sanatorio antituberculoso de Cuéllar (Segovia).

¿Qué fue de Luis Castillo Ariza? En principio aparece en el sumario como detenido, e interrogado. Lógicamente, aunque reconoció su militancia comunista negó su participación en el asesinato al igual que en el incendio de S. Agustín. El 19 de julio se pasó a zona republicana y se desconocía su actuación durante la guerra. En el sumario consta el careo al que se le sometió frente a Muro López pero después se desvanece por completo, ni resulta acusado ni consta que muriese antes del juicio.

La pérdida de la causa 97/1993 y lo confuso de la 25540/1939 dan mucho que pensar. En primer lugar hay que preguntarse por el móvil del crimen, que parece ser el de hacer acopio de armamento, posiblemente con vistas a acciones a llevar a cabo en el primero de mayo, cuando se iba a cumplir el primer aniversario de los trágicos incidentes que tuvieron lugar en la misma fecha del año anterior. Habría que achacar al nerviosismo de los asesinos el hecho de no haberse llevado el arma del guardia civil.

También hay que destacar lo chapucero de la investigación y la instrucción. Una vez más se demuestra que las investigaciones basadas en el “hábil interrogatorio” y en la obtención de confesiones forzadas no llevan a descubrir la verdad de los hechos. En esta ocasión lo que se consiguió fue enredar las cosas de tal manera que se llegó a un callejón sin salida.

La instrucción también empezó con mal pie. De ser cierto que el comandante Vera autorizó al agente Lozano para visitar a los detenidos disfrazado y fingiéndose abogado, como publicó la prensa, ello no parece una actuación muy acertada por parte del juez. En el sumario por desacato se deja entrever que el comandante Vera presionó a Gómez y Melgarejo en la diligencia de reconocimiento mostrándoles en el mismo acto fotos de los presuntos inductores. Las declaraciones de los funcionarios de prisiones presentes en esa diligencia tampoco lo dejan en buen lugar, pues perdió los papeles y llamó a la guardia que llegó a encañonar a los presos; pudo haberse desencadenado una tragedia en una situación que, según los funcionarios, ellos habrían podido dominar fácilmente y de forma profesional.

En el procedimiento nº 25540/1939, a pesar del tiempo que llevó, falta mucha documentación. Como hemos visto, no parece ninguna diligencia que aclare qué pasó con Castillo Ariza, que en un cierto momento desapareció sin dejar rastro. Tampoco sabemos que fue en última instancia de Muro y Rodríguez.

En cuanto a las otras personas que desfilaron por sus páginas sabemos que Plácida Adrián Alguacil fue fusilada en Córdoba el 16 de agosto de 1936. Consuelo Fernández consiguió huir de Córdoba, librándose de una muerte cierta; cuando volvió tras la guerra fue detenida y sometida al Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 24027/1939 por adhesión a la rebelión. Fue condenada a treinta años de prisión; se propuso la conmutación de la pena por la de seis años de prisión menor, por lo que en mayo de 1941 pasó a prisión atenuada. Fijó su domicilio en su antigua casa de Alvar Rodríguez pero le faltó tiempo para esfumarse. La prisión y el juzgado militar se echaron mutuamente las culpas del error administrativo, porque fue puesta en libertad sin haberse aprobado la propuesta. Fue declarada en rebeldía y ya no se supo más de ella, al menos en este procedimiento.

Aunque en la etapa republicana la provincia de Córdoba no llegó a la misma cota de violencia que otras sí que se produjeron hechos luctuosos como fue el asesinato del guardia civil Rafael de Dios Ríos.

 

 

 

NOTAS.

[i] La Casa de las Vacas ocupaba el espacio de la actual calle Eugenio D’Ors.

[ii] Francisco García Iglesias sucumbió junto al falangista Juan José de la Colina Burón en la azotea del Grupo Escolar de Villafranca el 30 de julio de 1936 en la defensa del pueblo frente a las fuerzas de la Columna Miaja. El capitán Ernesto Güemes Ramos se jactó de haber rematado personalmente al guardia con un hacha, según se cuenta en el libro de Antonio Reparaz.

[iii] Hay una gran confusión en la prensa con los nombres de los detenidos y procesados. Además, algunos dieron nombres falsos en los interrogatorios y costó establecer su verdadera identidad.

[iv] En 1936 las amenazas se concretaron en un atentado contra Navarro perpetrado por Venzalá y otros dos individuos. Navarro se defendió con tan mala fortuna que una bala disparada por su pistola ocasionó la muerte de la niña Teresa Ortega.

[v] Seguramente se refiere a Adolfo Torres Barrionuevo.

[vi] En aquella época la guardia exterior de las prisiones corría a cargo del Ejército; en Córdoba se prestaba por artilleros del Regimiento de Artillería Pesada nº 1.

[vii] No hemos encontrado referencias a una posible militancia comunista de los acusados Gómez y Melgarejo ni de los supuestos inductores.

[viii] Toda la documentación consultada señala a Consuelo Fernández como hija de Plácida, a pesar de no coincidir los apellidos.

[ix] LÓPEZ MOHEDANO, Jerónimo. “Las milicias obreras peñarriblenses y el Batallón Terrible”. Crónica de Córdoba y sus pueblos, XIX. Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales. Diputación de Córdoba. Córdoba, 2013; p. 427.

[x] Suponemos que al ocurrir los hechos antes de la declaración del Bando de Guerra el 18 de julio de 1936 el asesinato no podía incluirse en la casuística incluida en los delitos de rebelión y auxilio a la rebelión. De ahí el cambio de calificación del fiscal.