CÓRDOBA, MAYO DE 1931. LA QUEMA DE CONVENTOS.
Por Patricio Hidalgo Luque. Publicado el 10 de mayo de 2023.
Son bastante conocidos los episodios ocurridos en Madrid en mayo de 1931 cuando unos alborotos que no deberían haber tenido graves consecuencias fueron manipulados y reconducidos en dirección anticlerical, con el incendio de varios conventos y otros edificios eclesiásticos ante la pasividad del Gobierno Provisional de la República. Estos hechos se propagaron por diversos puntos de la geografía nacional, alcanzando su mayor intensidad en Málaga. Aunque en menor grado que en la capital costera Córdoba no se vio libre de estos atropellos.
Tras la proclamación de la República el Gobierno Provisional, investido de plenos poderes, emprendió una serie de reformas vía decreto ante la inexistencia de un Parlamento. Sin embargo, para los sectores más radicalizados de la izquierda estas reformas transcurrían a un ritmo excesivamente lento, por lo que había que acelerarlas aunque fuese violentando la legalidad. A la vez, y mientras se proclamaba una amnistía para los condenados por delitos político-sociales y se concedía un amplio indulto general a la población reclusa común[i], se emprendió una activa persecución contra los elementos más destacados del régimen caído. Así, mientras Ángel Galarza Gago salía de la prisión para ocupar el día 17 de abril el cargo de fiscal general de la República, el general Emilio Mola Vidal era encarcelado y procesado el 21 de abril por su actuación como director general de Seguridad respecto a unos disturbios estudiantiles.
El siguiente objetivo fue el teniente general Dámaso Berenguer Fusté, penúltimo presidente del Gobierno de la Monarquía. El fiscal general se querelló contra él por no haber impedido el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández, sublevados en Jaca en diciembre de 1930[ii]. Un juez admitió a trámite la querella y procesó a Berenguer, pero al estar amparado por el fuero militar su caso pasó al Consejo Supremo de Guerra y Marina. El Gobierno se había asegurado de nombrar presidente de este Consejo a una persona adicta, el teniente general Ricardo Burguete Lana, a pesar de lo cual el alto organismo revocó el procesamiento de Berenguer, que quedó en libertad el 9 de mayo. La reacción inmediata del Gobierno fue suprimir y disolver el Consejo Supremo de Guerra y Marina por decreto de 11 de mayo (Gaceta de Madrid del 12 de mayo), cuyas atribuciones pasarían a la nueva Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo[iii]. No se conformó Galarza y fue de nuevo contra el expresidente, acusándolo ahora de falsedad en documento público. Berenguer fue de nuevo detenido y procesado.
Por otra parte, el 9 de mayo Galarza anunció a los periodistas que había planteado una querella ante el Pleno del Tribunal Supremo contra los exministros de la Dictadura por presunta prevaricación en la concesión del Monopolio de Tabacos en Ceuta y Melilla a Juan March. Los exministros fueron detenidos en los días siguientes, si bien uno de ellos, Leopoldo Matos, estuvo a punto de ser linchado por la multitud que le reconoció en la calle durante los disturbios.
En Madrid la chispa fue el incidente del domingo 10 de mayo en el Círculo Monárquico, donde se profirieron unos vivas al rey contestados con otros a la República por el taxista Francisco Hurtado Vivanco, lo que originó una pelea. Voces interesadas difundieron el rumor de la muerte del chófer, lo que no ocurrió en verdad.
El Sol, 12 de mayo de 1931.
A partir de aquí empezaron los disturbios, dirigidos en principio contra los coches de los monárquicos presentes en la reunión y contra su diario, el ABC. Ahí, en la calle Serrano, se produjeron las primeras víctimas al repeler la Guardia Civil la agresión de que fue objeto.
La Guardia Civil protege el edificio de ABC en Madrid (Nuevo Mundo de 13 de mayo de 1931).
La mañana del día 11 empezaron a arder los conventos en Madrid. El Gobierno estaba reunido en consejo cuando empezaron a llegar las noticias de estos hechos. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura Gamazo, quiso sacar la fuerza pública a la calle para cortar de raíz los disturbios, pero se encontró con la oposición frontal del ministro de la Guerra, Manuel Azaña Díaz, a quien se le atribuye la famosa frase de “todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”. Azaña consiguió convencer a sus compañeros de gabinete y Maura, que protestó y amenazó con dimitir, continuó en su puesto[iv]. Finalmente, y en contra de la intención inicial del Gobierno, hubo que recurrir a la denostada solución tradicional de declarar el estado de guerra para lograr el cese de los disturbios. El Gobierno ordenó también la suspensión de las cotizaciones en las bolsas.
En el siguiente enlace se pueden ver imágenes de un noticiero pertenecientes al archivo de rtve:
https://www.rtve.es/play/videos/archivo-historico/sucesos-del-11-mayo-1931-madrid/2925455/
¿Cómo derivaron los disturbios antimonárquicos en ataques a los conventos y centros religiosos? Según Josep Pla, cronista entones en Madrid, una masa se encontraba en la Puerta del Sol ante el ministerio de la Gobernación. Allí se escucharon unos disparos y unos gitanos fueron apaleados por vitorear al rey, hecho que recoge puntualmente la prensa. En un momento dado, sobre las tres y media de la madrugada del día 11 según Pla, se escuchó el grito de “¡Los conventos!”, y ahí empezó todo[v].
Evidentemente, los gritos salieron de agentes provocadores. Pero ¿de dónde partió el impulso? Para Miguel Maura la agitación había comenzado en el Ateneo de Madrid, nido de “seudointelectuales”, según él, de donde partió una manifestación encabezada por Pablo Rada, el mecánico del vuelo del Plus Ultra. La manifestación llegó a la Presidencia del Consejo, donde estaba reunido el Gobierno Provisional y consiguió que una comisión encabezada por el propio Rada fuese recibida por el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo a quien entregaron sus peticiones.
Rada no tenía nada de intelectual, era el hombre de acción, decidido y “echado para adelante”. Pero el inductor, si hemos de hacer caso a la información publicada en El Sol de 13 de mayo, habría sido el miembro del Ateneo y comunista de primera hora Wenceslao Roces[vi]. Éste había presentado a la junta general una proposición para ser elevada, en su caso, al Gobierno. La proposición constaba de varios puntos. En primer lugar, instaba al Gobierno Provisional a constituirse en Dictadura revolucionaria “hasta extirpar y desarraigar en el país todos los focos importantes de poder del régimen derrocado”, lo que incluía “detención de sus personas, secuestro de sus bienes y confiscación de los patrimonios de los emigrados”. A continuación, exigía la disolución de los Cuerpos de la Guardia Civil y de Seguridad y la creación de milicias armadas “cuyos cuadros se formarían dentro de las organizaciones obreras y de los partidos republicanos”. El punto cuarto propugnaba la inmediata separación de la Iglesia y el Estado, anulación del Concordato con la Santa Sede, confiscación de los bienes de la Iglesia y comunidades religiosas, incautación de los colegios religiosos, secularización de la enseñanza y expulsión de los jesuitas. Por supuesto, reclamaba la nacionalización inmediata de toda la gran propiedad de la tierra y su subsiguiente redistribución.
La proposición fue debatida y rechazada la tarde del 12 de mayo. El presidente del Ateneo, el ministro de la Guerra Manuel Azaña, se pronunció contra la proposición para, acto seguido, ausentarse sin esperar a la votación. En su discurso, Roces se lamentaba de que la caída de la Monarquía no había ido acompañada de la revolución porque la claudicación y huida de los monárquicos no la había propiciado. Para Roces, si desde el Gobierno no se articulaba una revolución la haría el “pueblo” a su estilo propio. “Ese estilo es el que se ha empleado el lunes. En esa jornada le ha puesto el pueblo la llave al problema religioso”.
El problema religioso. Muchos han querido ver en la deriva anticlerical de los motines una reacción a la famosa carta pastoral del cardenal Segura del primero de mayo. Pedro Segura, un sacerdote de origen humilde que desarrolló una brillante carrera eclesiástica favorecida -en lo que pudo- por Alfonso XIII, era rabiosamente monárquico. Se dijo que en una sabatina celebrada el 18 de abril habría deslizado alguna expresión del tipo “caiga la maldición de Dios sobre España si arraiga la República”. Se formó un cierto alboroto hasta el punto de que el 24 de abril el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, hubo de desmentir estos rumores calificándolos de bulo. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Estado del Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli (futuro Papa Pío XII) dio instrucciones a los obispos españoles para acatar el régimen vigente. Así pues, el cardenal Segura recomendó a sus fieles ese acatamiento en su pastoral, pero no sin antes elogiar y expresar su agradecimiento al destronado monarca, pues:
“La hidalguía y la gratitud pedían este recuerdo; que siempre fue muy cristiano y muy español rendir pleitesía a la majestad caída, sobre todo cuando la desgracia aleja la esperanza de mercedes y la sospecha de la adulación”[vii].
El caso es que la pastoral pasó bastante desapercibida en la prensa (excepto la católica); sólo El Socialista, con su peculiar estilo, se dirigía a Segura reclamándole que prestara la adhesión al nuevo régimen que se había exigido a todos los funcionarios, porque como tal lo consideraba al percibir una remuneración del erario público. Tenemos que esperar al día 9 para leer unas declaraciones del ministro de Justicia que consideraba que:
“Hay muchas, muchas declaraciones en el documento de un carácter eminentemente político, y todas ellas rezuman oposición, cuando no hostilidad, al régimen republicano….Ahora bien, la belicosidad encubierta de este documento ha movido al Gobierno a tomar una resolución en el sentido de no poder consentir que continúe una actuación de esa naturaleza, y lo ha comunicado a quien está llamado a conocerlo”[viii].
“Quien estaba llamado a conocerlo”, la Santa Sede, recibió ya el día 7 la solicitud del Gobierno para la remoción de Segura de su sede primada y llamó a Roma al cardenal. El caso se resolvía a satisfacción del Gobierno, por lo que no parece que la quema de conventos guardase una relación causa-efecto con la actitud de Segura.
En la lentitud del Gobierno en aplicar cambios revolucionarios, la situación del general Berenguer con la chispa del incidente con los monárquicos es donde creemos ver la causa de los disturbios, que se propagaron por gran parte de España de forma sospechosa.
Quedaba la cuestión de las responsabilidades. El Gobierno, principal responsable de la importancia que los disturbios llegaron a tener, no dimitió, por supuesto. Se le pidió o exigió la dimisión al director general de Seguridad, el general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar Carlos Blanco Pérez, al que se le reprochaba haber autorizado la reunión del círculo monárquico donde comenzaron los incidentes; a cambio se le daba una perita en dulce, la presidencia de la nueva Sala de lo militar del Tribunal Supremo, aunque parece que finalmente no aceptó el puesto. Blanco fue sustituido por el hasta ese momento fiscal general de la República, Galarza, reemplazado a su vez en ese puesto por el magistrado Francisco Javier Elola y Díaz Varela.
Pero la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. En El Liberal del 14 de mayo leemos:
“El Gobierno, que juzga totalmente la perturbación pasada, para sancionar con eficacia las lenidades de los agentes de su autoridad, y para prevenir en lo sucesivo situaciones semejantes…”
…acordó, en base a sus plenos poderes, pasar a excedentes forzosos con la mitad del sueldo y por tiempo indefinido a un número importante de funcionarios de los cuerpos de Vigilancia y Seguridad. El papel de Miguel Maura, el que había amenazado con dimitir y no lo hizo, se antoja especialmente penoso cuando consintió que se tratara así a sus subordinados, que se habían limitado, siguiendo órdenes, a permanecer inactivos mientras los incendiarios se enseñoreaban de las calles de la capital. Por los nombres que aparecen entre los afectados se podría pensar que se aprovechó para hacer una purga de personal considerado desafecto al nuevo régimen.
El presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, se reunió la mañana del día 14 con los periodistas extranjeros y, ante la insistencia de éstos en conocer la autoría de los incendios respondió:
“En el movimiento han coincidido los monárquicos y elementos de la izquierda. Claro que no hay pruebas de ello, pero sí indicios, pues el fin perseguido era ir contra el crédito y la paz de la República”.
Este increíble complot entre monárquicos y comunistas fue asumido a partir de este momento y a modo de consigna como explicación de los sucesos. Los periodistas extranjeros, más incisivos o menos domesticados que sus colegas españoles, siguieron preguntando por qué no se había impedido la quema de los centros religiosos y por qué no se procuró que los incendios no tomasen más incremento. El prócer de Priego respondió que en España había muchos conventos, que ni todo el ejército francés, el más fuerte del mundo, hubiese podido impedirlo y que el servicio de bomberos se vio desbordado por tantos incendios simultáneos. Tampoco quedó muy lucido el presidente cuando a la pregunta de por qué se habían suspendido ABC y El Debate, medida que había causado muy mala impresión en Francia, respondió que el Gobierno tenía que impedir que se intentara minar la República. Torpes excusas de políticos faltos de experiencia y sobrados de soberbia[ix].
El sectarismo de los nuevos dirigentes republicanos quedó de manifiesto cuando en las investigaciones de los hechos sólo se practicaron detenciones de monárquicos por “provocadores”, mientras que no parece que se persiguiese a los incendiarios (tan sólo se detuvo a unos comunistas, entonces tan odiados por las derechas como por las izquierdas, que repartían panfletos).
Los sucesos en Córdoba.
Desde el diario Política, dirigido por Joaquín García-Hidalgo Villanueva, ya se venía preparando el ambiente. Así, en el número del 5 de mayo, página 3, carga contra los carmelitas descalzos de S. Cayetano en el suelto “Frailazos y curazos”. También escribe sobre una supuesta detención de unos sospechosos con aspecto de frailes en la barriada de Occidente.
Hay que destacar que los sucesos de Córdoba comenzaron la noche del 10 al 11 de mayo, es decir, horas antes de que comenzaran a arder los conventos de Madrid. Veamos el relato que el cronista de la ciudad, D. José María Rey Díaz escribió para los Anales de Córdoba (el subrayado es mío):
“Anales de Córdoba. Día 9 de mayo de 1931 (en realidad el día 10).
Llega de Madrid en automóvil a la caída de la tarde García Hidalgo y conversa en las inmediaciones de Alcolea con el Ministro de Fomento, su antiguo amigo Albornoz. Le previene que no debe dejarse obsequiar con la comida o banquete que en el Hotel Regina le han ofrecido para aquella noche los Regantes del Pantano, porque entre ellos hay significados upetistas. El Ministro no puede tomar en consideración este consejo y afirma que asistirá al banquete. García Hidalgo le conmina y le reta. Ante la actitud de Don Álvaro de Albornoz, García Hidalgo viene a Córdoba y sin descansar se dirige a la Casa del Pueblo; allí ocupa la tribuna y dice a los obreros que en Madrid han ocurrido aquel día sucesos que no pueden quedar sin protesta: “que un cura monárquico ha matado a un chófer”. Los ánimos se excitan y García Hidalgo recoge a un grupo de obreros que, engrosado después, se dirigen al Hotel donde está comiendo el Ministro con las autoridades locales republicanas y con las de la confederación del Guadalquivir. El plan según parece es mostrar hostilidad a señores como Enríquez Barrios, Molleja y otros, que allí están como directivos del Sindicato de Regantes. El Ministro se percata de la presencia y de la actitud de aquellos elementos en el jardín donde la cena se celebra.
Un discurso, que apaga un tanto los fuegos, y la despedida del Ministro. Los obreros, desde allí, salen dispuestos a dar sensación de fuerza y de violencia en distintos lugares de la ciudad.
Quitan la muestra de “El Defensor”, rompen el anuncio luminoso de “La Voz”, apedrean el Palacio Episcopal y el Seminario, rompiendo innumerables cristales de sus ventanas, destrozan totalmente la capillita de la Virgen de los Donceles en el muro meridional de la Mezquita, destruyen el altar público de la calle de Candelaria, apedrean el Cristo de la plaza de los Dolores y la portada de Capuchinos, tronchan la cruz de hierro de la esquina de la Espartería y tratan de mutilar a pedradas el retablo de la Virgen de los plateros en el compás de San Francisco.
Estos hechos, ejecutados el mismo día en que en Madrid se incendian y asaltan conventos, son en Córdoba algo esporádico que no guarda relación alguna con lo ocurrido. Los de aquí, son la protesta de García Hidalgo contra la conducta del Ministro, que no se allanó a seguir sus indicaciones de violencia contra alguna de las personas que por pertenecer al Sindicato de Regantes figuraban en primera fila del banquete.
Los elementos de orden de la ciudad no protestaron de estos desmanes de la noche del 9 (la noche del 10), y la prensa refirió los hechos sin condenarlos como merecían”[x].
En efecto, la prensa cordobesa de los días 11 (lunes, sólo salía “La Voz de Córdoba”) y 12 refieren los daños, pero sin darles más importancia. Añaden que los taxistas se habían declarado en huelga, pero tras comunicar con la Casa del Pueblo de Madrid y saber que la muerte de su compañero era un bulo volvieron al trabajo.
El gobernador civil en aquellas fechas era un periodista llamado Vicente Marco Miranda. Asistía al banquete y al tener conocimiento de los desmanes “se constituyó en el Gobierno Civil para disponer que la fuerza pública evitara tales abusos”. Pero las fuerzas sólo intervinieron a las 3.30 de la madrugada, suponemos que siguiendo las órdenes del gobernador. Para entonces los revoltosos se habían disuelto.
Retablo de la calle Candelaria. Foto de Santos, publicada en “Nuevo Mundo” de 13 de mayo de 1931.
Hornacina en la fachada meridional de la Mezquita-Catedral. Actualmente se ha repuesto una imagen de la Virgen. (Foto del autor).
La cruz de hierro de la Espartería. (Foto del autor).
Parecía que había vuelto la calma y la jornada del 11 transcurrió con normalidad. El día 12 por la mañana volvió la inquietud cuando unos grupos se situaron frente al convento de las Adoratrices en el Campo Santo de los Mártires exigiendo la salida de una corrigenda que, en su opinión, estaba secuestrada por las monjas. El gobernador civil se personó en el lugar y logró convencer a los congregados de que la joven en cuestión había sido trasladada a Guadalajara.
La situación empezó a complicarse a la caída de la tarde. Se formaron grupos en el Campo de la Merced que se dirigieron al convento de los carmelitas descalzos, en la Cuesta de San Cayetano. Un piquete de la Guardia Civil se situó ante la fachada principal del convento, protegiéndolo. Pero las turbas invadieron la huerta por la parte de la calle de San Juan de la Cruz, con el objeto principal de saquear y destrozar lo que no pudieran llevarse[xi].
Como siempre las versiones son contradictorias, pero parece ser que los revoltosos agredieron a la Guardia Civil resultando dos guardias heridos, uno de ellos de un navajazo en el glúteo, lo que indica que aquellos se aproximaron lo suficiente a los guardias a pesar de las intimaciones que se les hicieron en contra. La fuerza pública abrió fuego y resultaron varios heridos.
Dos fotos de Santos publicadas en la portada de La Voz de Córdoba del 13 de mayo. Arriba: una pareja a caballo vigilando la entrada al convento. Abajo: grupo de curiosos concentrados en la acera opuesta de la Carrera de las Ollerías delante del taller de carros de Carlos Hidalgo Roldán (posteriormente Garaje San Cayetano).
Tras los disparos la multitud se dispersó, pero varios grupos se reorganizaron y se dirigieron al Gobierno Civil, sito entonces en la calle Alfonso XIII (el “gobierno viejo”, actual Instituto Maimónides)[xii]. El edificio estaba protegido por guardias de Seguridad, de forma que se desviaron por María Cristina a Claudio Marcelo y reventaron la puerta de la armería El Sport, con ánimo de hacerse con armas. De nuevo se produjo un enfrentamiento con la Guardia Civil que produjo nuevas víctimas. También resultó herido un guardia civil por una perdigonada en el muslo.
Los periódicos son confusos en cuanto al número e identidad de las víctimas. Por eso hemos recurrido al Registro Civil de Córdoba, donde fueron inscritas las siguientes personas en el Juzgado de la Izquierda, Tomo 142, folios 158 al 162 el día 22 de julio siguiente:
DOMINGO POYATO ROLDÁN. Natural y vecino de Carcabuey (Córdoba), de 19 años de edad, jornalero. Falleció en el Hospital de Agudos “el 14 del actual” (se refiere a mayo y no julio) por heridas de arma de fuego, según declaración de los médicos forenses. Enterrado en el cementerio de la Salud.
MANUEL MÁRQUEZ POLO. Natural de Montilla (Córdoba), de 18 años de edad, domiciliado en Córdoba, platero. Falleció en la Casa de Socorro el 12 de mayo de 1931 por “colapso cardiaco, producido por anemia agudísima provocada por rotura de la arteria subclavia”, según declaración de los médicos forenses. Enterrado en el cementerio de la Salud.
BARTOLOMÉ VERDEJO DE HARO. Natural de Espiel (Córdoba), de 28 años de edad. Domiciliado en Córdoba, de profesión “chauffeur”. Falleció en el Hospital de Agudos el 13 de mayo de 1931 por herida de arma de fuego en la cabeza mortal de necesidad, según declaración de los médicos forenses. Enterrado en el cementerio de la Salud.
CARLOS DÍAZ ANDRADE. Natural de Aznalcázar (Sevilla), domiciliado en Córdoba, jornalero. Falleció en el trayecto entre la Casa de Socorro y el Hospital de Agudos el 13 de mayo de 1931 por herida perforante de cráneo mortal de necesidad, según declaración de los médicos forenses. Enterrado en el cementerio de la Salud.
LEOVIGILDO MENDOZA VELASCO. Natural y vecino de Córdoba, de 19 años de edad, ferroviario eventual. Falleció el 12 de mayo de 1931 en la Casa de Socorro por herida en el corazón, según declaración de los médicos forenses. Enterrado en el cementerio de la Salud.
La situación llegó a un punto en que, según los usos de la época, el gobernador civil resignó el mando en el militar, general de brigada de Caballería Félix O`Shea Arrieta, quien proclamó el estado de guerra. El estado de guerra fue proclamado por una compañía de Infantería a las doce de la noche en las Tendillas. La llegada de las tropas a las calles fue acogida con aplausos mezclados con mueras al Benemérito Instituto.
El día 13 la normalidad fue volviendo a las calles y por orden de la autoridad militar las tabernas permanecieron cerradas, medida considerada muy acertada por la prensa, pero seguramente no tanto por ciertos sectores de la población. En cuanto a las investigaciones policiales se centraron en realizar redadas de delincuentes habituales al objeto de recuperar las armas robadas.
Informado Azaña de los disturbios producidos en Córdoba no se le ocurrió otra cosa que ordenar un minucioso registro de todos los conventos de Córdoba. En contra de las leyendas propagadas sobre frailes que disparaban desde los campanarios contra las multitudes el registro sólo arrojó el hallazgo de un bote conteniendo pólvora y una cierta cantidad de perdigones, propiedad del hortelano que recargaba sus propios cartuchos de caza. Una vez más las víctimas fueron culpabilizadas, algo muy frecuente en España, al parecer.
Al igual que en Madrid alguien tenía que cargar con las culpas. Presentó (o se le exigió) la dimisión el gobernador civil, Marco Miranda. También fue cesado el coronel jefe del 18º Tercio de la Guardia Civil, Agustín Sánchez Otero, porque al parecer llegó a estar en el lugar de los hechos vestido de paisano, pero inhibiéndose del asunto. Por otra parte, también dispuso la separación definitiva del servicio y detención de Pedro Villoslada Peichalup, secretario accidental del Gobierno Civil (sería puesto en libertad provisional el 18 de mayo).
De nuevo hay que preguntarse de donde partió el impulso que llevó a estos trágicos acontecimientos. Una vez más aparece la fantástica conspiración entre comunistas y monárquicos con presencia de elementos extraños desconocidos por el elemento obrero local, individuos con acento catalán, otros tocados con boinas y otros con aspecto de frailes disfrazados (¿qué aspecto tendrá un fraile disfrazado?). En la edición del día 14 del diario Política leemos que la tarde anterior circularon unas hojas convocando a un mitin comunista en la plaza de España. Al parecer, el acto había sido autorizado por el secretario interino del Gobierno Civil, “el conocido upetista Villoslada Peichalup”. El gobernador civil consideró esta autorización una temeridad y una extralimitación en sus funciones por parte del señor Villoslada, por lo que dispuso su cese provisional y detención.
Finalmente se fueron calmando los ánimos y luego llegó la feria. A partir de ahí la atención se centraría en las próximas elecciones a Cortes Constituyentes. Pero aparte del doloroso recuerdo de los hechos acaecidos se generó una sensación de impunidad que favoreció un goteo de incidentes de este tipo en los meses y años sucesivos que culminaron con el gran holocausto de 1936.
A continuación insertamos una pequeña galería gráfica con fotos de Santos y de Adolfo Torres, publicadas tanto en la prensa local como en la madrileña:
Vicente Marco Miranda, gobernador civil de Córdoba. La Voz de Córdoba de 21 de abril de 1931. Foto Torres.
General de brigada de Caballería Félix O`Shea Arrieta, gobernador militar de Córdoba. Foto Torres, La Voz de Córdoba de 5 de mayo de 1931.
Foto Santos. Militares en la fachada norte de Santa Marina. La Voz de Córdoba de 13 de mayo.
Foto Santos: militares ante la armería El Sport. La Voz de Córdoba de 13 de mayo.
Foto Santos: armería El Sport. Mundo Gráfico de 20 de mayo.
Foto Santos: fuerzas de Caballería en la calle Claudio Marcelo. Estampa de 16 de mayo.
Foto Torres: varios militares ante la sombrerería de Padilla Crespo en las Tendillas. Es el mismo local que muy pocos años después ocupó la heladería “La Flor de Levante” hasta nuestros días. La Voz de Córdoba de 16 de mayo.
[i] Al igual que volvería a suceder en febrero de 1936 la multitud –“el pueblo”- se congregó ante la Cárcel Modelo de Madrid exigiendo la libertad de los presos amenazando con sacarlos violentamente. El Gobierno Provisional cedió. Mal precedente.
[ii] La querella incluía también al que era capitán general de la V Región Militar en el momento de los hechos, general Jorge Fernández de Heredia.
[iii] Que Azaña planeaba la disolución del Consejo está fuera de toda duda, pero en ese momento no era una prioridad tal y como se reconoce en el preámbulo del decreto: “Fijado el criterio y determinadas, también ha tiempo, las responsabilidades para su aplicación, cedió el presente Decreto paso a otras determinaciones más urgentes; pero es llegada la hora de atender aspiraciones tan justas de la buena doctrina política y de la opinión…”. La no adecuación del Consejo a lo que esperaba de él el Gobierno Provisional precipitó su disolución.
[iv] MAURA, Miguel. Así cayó Alfonso XIII. Ed. Ariel. Barcelona, 1995, p. 240 y siguientes.
[v] PLA, Josep. Madrid. El advenimiento de la República. Madrid: ed. Diario El País, 2003; p. 74.
[vi] Wenceslao Roces Suárez era catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca. Cuando se solidarizó con Unamuno fue desposeído de la cátedra por el gobierno de Primo de Rivera. Traductor de Marx y Engels y comunista de primera hora tuvo una actuación destacada en la guerra civil. Según algunos participó en el expolio de monedas históricas del Museo Arqueológico Nacional y también se le relacionó con el secuestro, asesinato y desaparición de Andrés Nin. Exiliado en Méjico retornó a España en la Transición y fue elegido senador por Asturias, cargo del que dimitió a los pocos meses para volver a Méjico, donde murió.
[vii] MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Santiago. “El Cardenal Pedro Segura y Sáenz (1880-1957)”. Tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra. Pamplona, noviembre de 2002.
[viii] El Socialista de 9 de mayo de 1931, p.2.
[ix] La Voz de Córdoba de 15 de mayo.
[x] AMCO (Archivo Municipal de Córdoba), C.2991. Contiene una fracción del archivo Rey Díaz.
[xi] Testimonios de personas que vivieron aquellos hechos mencionaban a un individuo apodado “El Mono”, por lo simiesco de sus facciones, que vivía en la calle Cárcamo y que excitaba a la gente para que fuese a por los frailes “con piedras, con palos”. Las mismas personas recordaban el aceite corriendo calle abajo camino de las Ollerías, porque se habían abierto las zafras (lo que corrobora La Voz de Córdoba de 14 de mayo). “El Mono” no fue denunciado en 1936, como ocurrió en tantos otros casos, y pasó la guerra andando cabizbajo y sin llamar la atención.
[xii] Precisamente el día anterior, 11 de mayo, el Ayuntamiento acometió la tarea de cambiar los nombres monárquicos de las calles, de forma que Alfonso XIII pasó a llamarse Fermín Galán y María Cristina pasó a ser Pablo Iglesias (información facilitada por Juan Galán Ruiz de Adana).
